domingo, 14 de julio de 2013

Morir en las clínicas. (Quedara esta muerte impune ?)

Por William Castillo

Morir en las clínicas (Opinión)

14 julio 2013 | 6 Comentarios

I

Es sábado 6 de julio, en la mañana. Carlos Rodríguez, de 52 años, Comandante de la Brigada Motorizada de los Bomberos del Distrito Capital, sufre un grave accidente en una motocicleta, en una vía rápida del centro de Caracas. Sus compañeros lo trasladan rápidamente a la Clínica La Arboleda, centro de salud privado, situado en San Bernardino.
Pese a la gravedad de su estado de salud, producto de varias lesiones, la clínica se niega rotundamente a darle atención médica. Cuando se trata de plata, la gerencia privada siempre es clara y enfática: “el seguro de los Bomberos está suspendido”. Díganle que pague.
Tras hora y media de espera, Rodríguez es entonces trasladado al Hospital Miguel Pérez Carreño, y, luego de otra larga espera e innumerables excusas burocráticas, es atendido a finales de la tarde. Demasiado tarde. Desangrado y débil, a Carlos Rodríguez, bombero ejemplar, le sobreviene un paro respiratorio que le arranca la vida poco después. Más tarde se sabrá que el Gobierno del Distrito Capital está completamente al día con los pagos de la póliza que “asegura la vida” de los bomberos y otros servidores públicos.

II

Carlos Rodríguez encarna la tragedia de un hombre que, dedicado toda su vida a salvar vidas, no encontró en el sistema médico privado ni en el público, el apoyo, la solidaridad, la compasión o la ética que le ayudara a salvar su propia vida.
Pero su caso es también un síntoma de una enfermedad mayor, más profunda y grave. Oculta y subterránea. Se trata del diario desprecio por el derecho a la salud y a la vida que se practica en los establecimientos privados de salud. De la cotidiana práctica de negar atención médica a quienes no pueden demostrar inmediatamente solvencia económica. Al que no tiene billete, o no es respaldado inmediatamente por el Dios dinero. Se trata de una aborrecible exclusión dictada por la razón mercantil y amparada en un sistema establecido hace muchos años. Un sistema que nadie cuestiona, que es dado por natural, que la sociedad venezolana ha terminado aceptando con la misma resignación que la propia muerte.
La vida tiene precio y si no puedes pagarlo, no tienes derecho a ella. La salud convertida en mercancía.
III
En Venezuela, la salud es un derecho prioritario. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 83 la salud como un derecho humano esencial. Curiosamente, nuestra Constitución solo le asigna esta responsabilidad al Estado, y nada dice acerca de la responsabilidad de quienes amasan fortunas a partir de la enfermedad, el sufrimiento y los padecimientos de la gente.
El Código de Deontología Médica venezolano indica que el profesional de la medicina antepondrá la salud y la protección de la vida a cualquier otra circunstancia, y afirma enfáticamente que nunca discriminará ni dejará de brindar atención médica a quien lo requiera, en virtud de razones políticas, económicas o de otra índole.
¿Por qué entonces las clínicas privadas exigen como contrapartida obligatoria el depósito de varios miles de bolívares o un seguro para salvar la vida de una persona en emergencia? ¿Por qué todos los días son expulsados de los establecimientos de salud privados, mujeres embarazadas, niños, ancianos cuando su póliza se agota? ¿Por qué se ejerce terrorismo contra los familiares cuando reclaman?
¿Cuántas personas mueren a diario en las clínicas privadas al amparo del silencio y el cómplice celestinaje de los medios, del poder del dinero y de los intereses de la élite de la medicina?
¿Cómo puede operar tan tranquilamente un sistema tan inhumano, injusto e inmoral en una sociedad en transformación, que marcha rumbo al socialismo, y frente a una Constitución que postula la supremacía del derecho a la vida, al bienestar y la felicidad?

IV

¿Dónde termina el derecho a la vida y comienza el negocio comercial y el afán de lucro con la salud? Según la Alianza Institucional para la Salud, instancia de articulación de organismos públicos, creada por el propio comandante Chávez, se estima que en Venezuela existen unos 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras del sector público que poseen póliza de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM). Sumando los familiares, la cifra de ciudadanos cubiertos por el modelo de seguro de riesgo se ubica entre 8 y 9 millones, digamos, una tercera parte de la población.
Para “asegurar” 9 millones de personas (entre ellos a los bomberos como Carlos Rodríguez) el Estado venezolano paga unos 7 mil millones de dólares al año, es decir, más de 42 mil millones de Bs (42 billones “de los viejos”). Este monto es aproximadamente igual al presupuesto total del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Es decir, el Estado venezolano financia dos ministerios de salud: uno público, y otro privado; uno gratuito y otro privatizado. Un ministerio para impulsar el Sistema Nacional Público de Salud: crear hospitales, fortalecer la red primaria (Barrio Adentro), pagar a los trabajadores y trabajadoras, comprar equipos y medicamentos… otro ministerio (privado y privatizado) para pagar los honorarios de la élite médica, los precios dolarizados y especulativos de sus servicios, y alimentar la insaciable voracidad del sector privado de la medicina.
Este monto (7 mil millones de $) es, sin duda alguna, la transferencia neta de recursos del Estado al sector privado más grande de nuestra historia. Transferencia directa de las mayorías a un sector pudiente de nuestra sociedad. Es lo que los economistas llaman, con la parca amargura que los caracteriza, un proceso de redistribución regresiva del ingreso.
Lo dicen los números. Entre 75% y 80% de las ganancias de las clínicas privadas proviene de las pólizas de riesgo del sector público. La ruina del Estado son sus yates y avionetas. Tu dolor, o tu muerte, es su champán. La misma trampa histórica del capitalismo: pobres financiando a ricos.

V

La medicina privada no cree en semáforos ni regulaciones. Es tal su poder y arrogancia, que cuando, tras dos años de diálogo entre el Estado y los dueños de las clínicas, se acuerda una lista de tarifas (baremo) para regular los precios de algunos servicios médicos, en pocas semanas la élite de la medicina privada desconoce los acuerdos; y no contenta con ello, organiza y financia una campaña por los medios de comunicación para destruir el intento de regulación.
Detrás de todo, el choque de dos concepciones, dos formas de entender la salud. La visión neoliberal, privatizadora, antihumana que propone la salud como una mercancía dominada por la lógica especulativa del mercado; y otra, una visión social (y socialista) que la afirma como un derecho humano social, que debe ser garantizado por el Estado y la sociedad en su conjunto.
Es la batalla de siempre por construir un modelo distinto, que reivindique el derecho colectivo y el amor, sobre la perversión individual y dineraria. Que nos devuelva el ejercicio de la medicina como una actividad humana, basada en la solidaridad, la identificación con el sufrimiento del otro, la entrega al prójimo y la compasión. Que ayudando a curar al enfermo, ayude a sanar a la sociedad entera.
Esa es la batalla sorda que se libra en Venezuela. En los consultorios. En los quirófanos. En la Asamblea Nacional. En los medios. En la calle y en las conciencias. Una batalla por la vida que no podemos darnos el lujo de perder. Se lo debemos a los miles de invisibles Carlos Rodríguez cuyas vidas se las llevó el diablo del mercantilismo.

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