"Los BOMBEROS Y Algo Más" : VC

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Centro Cívico y IV

Un proyecto sin concluir

En el año 2008, el Gobierno regional solicita al Consejo Legislativo la aprobación de un crédito adicional por 8 millones de bolívares fuertes (8 mil millones de bolívares antiguos), derivado de recursos por situado constitucional, para el recién creado Instituto Autónomo del Poder Comunal del estado Táchira (antiguo Autónomo de Asesoría para el Desarrollo Local del Estado Táchira –Iadlet-), destinados a la obra “Recuperación de la estructura de la Torre B del Centro Cívico San Cristóbal”.

Un proyecto sin concluir

Inapcet acuerda que aunque FEDE se encargará de la ejecución de la obra, el instituto será el encargado de hacer la contratación respectiva

Sin embargo, este instituto nunca ejecutó estos recursos, pues a menos de un mes de que el Consejo Legislativo hubiese aprobado estos recursos, Inapcet mediante un convenio de transferencia, de fecha 21 de noviembre de 2008 (el viernes hábil antes de las elecciones regionales del 23 de noviembre de 2008) le entrega el monto total del crédito adicional a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Escolares (FEDE).

En este convenio de transferencia, Inapcet acuerda que aunque FEDE se encargará de la ejecución de la obra, el instituto será el encargado de hacer la contratación respectiva. Por lo que en fecha 3 de diciembre de 2008 (siete días hábiles después de haber entregado todos sus recursos a FEDE), realiza la contratación de la empresa Inversiones La Macarena (RIF J-30125344-2, presidida por el Ing. Luis Fernando Moreno Arias) para la precitada obra, aunque por un monto menor a los recursos transferidos. La contratación se hace por 7 millones 166 mil 384 bolívares con 14 céntimos.

Sin embargo, Inversiones La Macarena nunca ejecutará este contrato original.

El actual presidente de Inapcet, Jhonson Delgado, asegura que luego de solicitar en varias oportunidades información sobre la razón paralización de la obra, a lo cual La Macarena responde que no hubo pago del anticipo respectivo, y de solicitar a FEDE el reintegro de los recursos, Inapcet interpone una demanda ante la Fiscalía 23 el 2 de noviembre de 2010 –número de causa F23-0024-10-, demanda que concluyó con un sobreseimiento de la causa, pues la Fiscalía no determinó culpabilidad por parte de Inversiones La Macarena.

Fede ejecutó y faltó dinero

Hasta el momento de las investigaciones, los voceros del gobierno regional dirigido por César Pérez Vivas, empezando por el Inapcet y la Procuraduría, consideraba que los ocho millones de bolívares se habían perdido por el camino.

nadie se dio cuenta de lo que la empresa venía realizando, pues los trabajos se realizaban de noche y los mismos no causaron mucha molestia

Sin embargo, FEDE cuenta otra historia: efectivamente recibieron los recursos, y efectivamente se ejecutaron en la recuperación de la Torre B del Centro Cívico. Sin embargo, no se maneja el contrato suscrito por Inapcet en el año 2008 sino que a principios de 2009 FEDE realiza otro proceso de contratación y le adjudica nuevamente a Inversiones La Macarena pero por un monto mayor a la contratación inicial. El nuevo contrato sube a 7 millones 363 mil 625 bolívares con 10 céntimos, es decir, cerca de 200 mil bolívares más.

Los recursos que en un momento parecieron suficientes para llevar a cabo la reconstrucción de la Torre B del Centro Cívico, no alcanzaron siquiera para culminar uno de los 4 proyectos presentados por el ingeniero Javier Nieto, para la completa recuperación de los pisos afectados por el voraz incendio. El ingeniero había sido contratado por FEDE para que renovara el anteproyecto que se había hecho previamente por Inapcet y así llevar a cabo los trabajos de reconstrucción.

El arquitecto Pedro Díaz, jefe de Inspecciones de FEDE, fue quien se encargó de mostrar cada uno de los proyectos presentados por el ingeniero Nieto: Proyecto para la recuperación de Estructura; Proyecto para la recuperación del Sistema Eléctrico; Proyecto para recuperación de las Instalaciones Sanitarias y el Proyecto para la Recuperación de las Instalaciones Mecánicas. “De lo que no hay un proyecto es de la recuperación de la fachada, de la arquitectura como tal de la Torre B, pues se trata de algo más complejo y todavía no se ha hecho, pues se trata de una estructura muy definida”.

Díaz explicó que una vez definido los proyectos, FEDE contrata a una empresa que ya tenía una contratación con Inapcet, sin embargo cuando ellos hacen la mencionada negociación, ésta queda suspendida de inmediato, pues aunque se contrata a la misma empresa se trata de un ente nacional. “FEDE contrata de nuevo con la empresa La Macarena, y lo hace con un presupuesto más especifico, 7 millones 363 mil bolívares fuertes, esto se saca de los 8 millones. El restante se usa para el pago de la realización de los proyectos y la inspección”.

La ejecución de la obra, a principios del año 2009, se inicia con limpieza y demoliciones, sin embargo la obra se paraliza por falta de proyecto, pues el anteproyecto que se tenía estaba muy incompleto y la empresa que lo había hecho en primera instancia no respondió a los llamados de la Fundación. Una vez se culminan los proyectos se vuelve a reiniciar la obra por parte de la empresa Macarena y se empieza a preparar el terreno para ejecutar los proyectos y para llevar a cabo una obra de esta envergadura se requirió tiempo.

El arquitecto señaló que los trabajos se paralizan el 27 de noviembre de 2009 y se reinician el 14 de febrero de 2011, más de un año haciendo la contratación y los proyectos. Tras el reinicio de las actividades se cuenta con algunos cambios que causaron la modificación de algunas partidas. “Lo primero que se hace es la limpieza, continúan las demoliciones, se procede a botar todos los desechos. Hay que destacar que previo a la limpieza realizada por la empresa ya el Cuerpo de Bomberos había hecho una trabajo similar”.

Las primeras tareas se realizaron con mucho esfuerzo usando escaleras y los ascensores, incluso nadie se dio cuenta de lo que la empresa venía realizando, pues los trabajos se realizaban de noche y los mismos no causaron mucha molestia. En el piso 2 todo se tuvo que demoler, porque el proyecto de recuperación estructural así lo requería, pero una vez realizada la recuperación el lugar está apto para ejecutar los otros proyectos, sin embargo el contrato hablaba sólo de la recuperación estructural. “Sólo se ejecutó uno de los proyectos, y nos faltó ejecutar un 10 por ciento del mismo por falta de recursos, pero en caso de que la gobernación regional o cualquier ente nacional requiera usar estos proyectos la Fundación está totalmente a la orden para entregarlos”.

Recuperación estructural nunca vista en el país

Con las técnicas y los materiales más sofisticados que sólo han sido usados en algunos puentes del país (los productos de alta resistencia Sika), Fede y la empresa La Macarena llevaron a cabo la recuperación de la torre B específicamente de los pisos 1, 2, 3 y 4, los cuales fueron los que más sufrieron durante el incendio que marcaría el centro de la ciudad para siempre.

El inspector de Fede encargado de la obra señalaba que las columnas de los pisos se desnudaron, pues el fuego quemó el concreto y debieron demoler todo el concreto para reforzar el acero y lo hicieron con una propuesta muy innovadora, la cual no se ha hecho antes en el país, sólo se ha usado en puentes. “Un trabajo arduo, en el que se reforzó con un concreto predosificado de fabrica que tiene una alta resistencia, es decir casi 5 veces mayor que la que usualmente tiene una estructura, incluso la empresa que dotó del producto hizo previó a la recuperación un curso para enseñar cómo usar el químico que además es importado, lo que causó en algunas ocasiones demoras porque no llegaba el producto”.

el 10 por ciento que faltó fue rehabilitar la losa del piso 2, pues la recuperación de las vigas no sólo comprende el reforzamiento de las mismas sino el cambio de las losas, en el piso 1 se llevó a cabo con éxito, sin embargo los recursos no alcanzaron para rehabilitar las losas del piso 2

Mientras se iba reforzando se iban apuntalando las vigas, y así fueron recuperando cada columna en cada piso. Otro de los procedimientos realizados, fue ejecutado en la terraza 3 que menos sufrió pero es la más ancha, a esas columnas las lijaron, y luego le aplicaron un manto, un barniz, y así la misma quedo más resistente de lo que recurrentemente se puede ver. “Este procedimiento se uso en las columnas de la terraza 3 de la torre B”. En total fueron reforzadas las columnas de los pisos 1, 2, 3 y 4 y sólo las vigas de piso 1 y piso 2.

El experto explicó que el 10 por ciento que faltó fue rehabilitar la losa del piso 2, pues la recuperación de las vigas no sólo comprende el reforzamiento de las mismas sino el cambio de las losas, en el piso 1 se llevó a cabo con éxito, sin embargo los recursos no alcanzaron para rehabilitar las losas del piso 2. Las losas del resto de los pisos no se van a demoler porque no lo requieren. “Piso 1 quedó rehabilitado en su totalidad, pero en el piso 2 sólo se recuperaron las vigas y faltó demoler las losas, aplicarle el concreto para que se pueda ver el trabajo. En los demás pisos sólo se le renovó la pintura, y quedó como nuevo pues no sufrieron mucho durante el incendio”.

La recuperación de la estructura de la torre B del centro cívico culminó el 9 de mayo de 2012. Un trabajo que tomó 15 meses, y hasta hace unos meses se hizo el último trabajo. Fede asegura haber terminado su labor y está presto a entregar los 3 proyectos por ejecutar al ente que desee culminar los trabajos. Hasta ahora nadie los ha contactado, ni del gobierno regional ni del gobierno nacional. El centro cívico sigue esperando por atención.

El Centro Civico (III)

Daños totales, muchas hipótesis

Las labores de investigación iniciaron al día siguiente del incendio, a partir de las 7 a.m. Antes y durante las investigaciones, el edificio se mantuvo resguardado por un bombero de servicio –se establecieron cuatro turnos para la rotación de funcionarios- junto a efectivos de la Policía y la Guardia Nacional.

DAÑOS TOTALES, MUCHAS HIPÓTESIS

Daños totales, muchas hipótesis

El Sargento Ayudante (B) Oscar Alexander Morillo, quien era jefe de Investigaciones y Siniestros del Cuerpo de Bomberos para el momento del incidente, señaló que las experticias se llevaron a cabo de acuerdo a la Guía para la investigación de incendios y explosiones de las normas Covenin (3507-99).

Aunque el CICPC prestó apoyo técnico para las pruebas de experticia, de la mano del entonces jefe de Criminalística, Manuel Chacón; el Cuerpo de Bomberos fue el organismo encargado de buscar las pruebas, analizarlas y valorar las evidencias, entregando un informe preliminar ocho días después del incendio, y el definitivo, en otros 20 días, luego de procesar más de 120 entrevistas a personas que se relacionaban con el área implicada.

No obstante, las investigaciones por parte de la Fiscalía del Ministerio Público se abrieron el mismo día del incendio, con el reporte de actuación inicial entregado por el cuerpo de Bomberos, que daban cuenta de daños totales de las oficinas administrativas del Consejo Legislativo, Contraloría del estado Táchira, Banco de la Mujer, Banco del Pueblo y Banco del Tesoro.

Fiscalía sin imputados conocidos

Inicialmente, las investigaciones se encontraban a cargo de la Fiscalía Nº 47 con competencia nacional, bajo el Nº de causa 147 del 2006; sin embargo, por instrucciones nacionales, en fecha 07 de marzo de 2008, la Fiscalía 47 lo remite a la Fiscalía Nº 5 con competencia regional, la cual le asigna el número de causa 382 del 2008.

Allí reposan actualmente las actuaciones bajo reserva legal, pero sin que se haya dado un acto conclusivo pues los imputados o responsables hasta ahora son desconocidos.

En Recursos Humanos del CLE

El punto de ignición tal y como lo contempla el informe de los bomberos fue la oficina de Recursos Humanos del Consejo Legislativo Estadal en el piso 1.

--Ubicamos en el piso número 1, en las oficinas de la Asamblea Legislativa, el punto de ignición del fuego y qué fue lo que lo generó. Posteriormente se realizaron revisiones en toda la estructura, planta 1, y del piso 1 al piso 6 para verificar los posibles daños y que generó el incendio, pero solo ubicamos un artefacto que fue el productor del incendio--, afirmó Morillo, quien destacó que aunque el incendio se generó en el piso 1, la propagación del calor hizo que el fuego bajara a planta uno también, lo cual no es muy común.

Morillo incluso recibió amenazas y presiones, como diciéndole que tuviera cuidado con lo que iba a decir. De hecho el Sargento Segundo (B) Jorge Ramírez, quien realizó la reseña fotográfica de las investigaciones, señaló que aunque efectivamente hubo presiones, eso los impulsó más a cumplir con su trabajo. “Dijimos ahora con más ganas vamos a hacerlo, porque se pone más interesante”, afirmó.

Después de las pruebas correspondientes y con el artefacto encontrado en el sitio, el informe resalta que contenía un acelerante derivado de un hidrocarburo (no se puede definir si es gasolina, gasoil, thinner, etc.)

--Las causas fueron netamente de manipulación humana. Los daños fueron totales a nivel de mobiliario, de papelería, de documentos legales y administrativos porque sufrieron los archivos principales de la Contraloría del estado y el Consejo Legislativo, de los bancos de la Mujer, del Tesoro y del Pueblo, y de las oficinas administrativas de los entes gubernamentales que estaban allí--.

Buscamos una segunda opinión

Pese que el informe de los bomberos entregado a las partes interesadas, entre ellas el Consejo Legislativo, especifica que el incendio fue intencional, el entonces presidente del CLE, el exdiputado Pablo Tapias, asegura que en un principio los Bomberos de San Cristóbal manejaban la tesis de que el incendio había sido accidental, producto de un corto circuito.

--A nosotros nos resultó muy sospechoso ese incendio, precisamente porque ya en la Contraloría se había dado otro incendio de mediana magnitud en mayo de 2004, y justo esos días se hablaban de investigaciones que inculpaban a los representantes del poder ejecutivo municipal para el momento. Por eso cuando nos dijeron que al parecer era accidental, quisimos tener una segunda opinión y recurrimos a través de Protección Civil, a ubicar unos expertos de Caracas, quienes fueron los que realmente nos aseguraron que hubo intencionalidad en el mismo--, señaló Tapias.

Los Bomberos de San Cristóbal resaltaron que efectivamente el coronel (Ejer.) Berardo Torres, jefe de Protección Civil Táchira para el momento, convocó a un grupo de efectivos que dijeron pertenecer al Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital pero no portaban dicho uniforme ni presentaron credenciales.

Aseguran que con esta iniciativa, el Cuerpo Legislativo y PC-Táchira violaron los artículos 5 y 37 de la Ley Nacional de Bomberos, la cual establece las competencias de los cuerpos regionales para este tipo de actuaciones y que para participar en una investigación de otra circunscripción debe haber de por medio una solicitud de colaboración expresa por parte del comandante de la unidad que realiza las labores de experticia.

En este caso, el comandante del Cuerpo de Bomberos para el momento, Alfonso Briceño, en ningún momento les solicitó la colaboración y ni siquiera solicitaron permiso para involucrarse sino que la Fiscalía Superior en el estado Táchira ordenó que ellos debían estar presentes y realizar sus propias experticias.

El bombero Jorge Ramírez comenta desde su perspectiva: “el mismo día del incendio, al final de la tarde, con el sargento Morillo nos pusimos a analizar las fotos que había tomado y nos damos cuenta de un detalle y decidimos ir de nuevo para el Centro Cívico a confirmarlo. Allí nos encontramos con una comisión que dijeron ser de los bomberos de Caracas. No supimos ni que estaban allí sino porque nos tocó ir, porque nunca tuvieron una comunicación con la comandancia de San Cristóbal, que por ser un incendio de la ciudad eran los autorizados para actuar. Nosotros les dijimos que no podían intervenir en la investigación y nos opusimos a que entraran, pero dijeron que eran órdenes superiores de Caracas, y llegó el fiscal y dijo ‘esto es una orden, tienen autorización los de Protección Civil’. Nosotros de todas maneras levantamos un acta para hacer constar que nos opusimos y de hecho quedó reflejado en el informe, porque no sabíamos con qué intenciones estaban allí, puede que vinieran de de buena fe, pero también pueden que fueran a alterar el sitio, colocar o quitar pruebas, uno siempre tiene la malicia y la sospecha”.

El comandante actual del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Cnel. (B) Giovanny Moreno, asegura que nunca recibieron copia de la actuación de esos bomberos de Distrito Capital, aunque el exdiputado Pablo Tapias dijo que efectivamente hubo un informe por parte de ellos, sin embargo, en Consultoría Jurídica del Consejo Legislativo no reposa copia del mismo, sino solo del entregado por los bomberos de la capital tachirense.

Varias hipótesis

Como lo comentó el exdiputado Pablo Tapias, una de las hipótesis de los presuntos responsables giró en torno a personeros de la municipalidad para el momento sobre los cuales pesaban investigaciones en la Contraloría del estado Táchira.

De hecho en la entrevista realizada por los Bomberos, que consta en el informe respectivo, la contralora del estado Táchira, Omaira Elena De León Osorio, luego de contestar una serie de preguntas de rutina para descartar cualquier elemento que generara el incendio de manera accidental destacó:

--- Dentro de las actividades normales de la Contraloría se estaba investigando personeros del gobierno municipal y precisamente el día jueves (dos días antes del incendio), se firmó un auto de proceder para funcionarios del Concejo Municipal (Alcaldía), información que manifiesto con la única intención de colaborar al máximo con la investigación--, resaltó la contralora.

Asimismo, Tapias destacó que tiempo después, se manejó una segunda hipótesis, cuando se destapó el acto de corrupción de la nómina paralela del Consejo Legislativo en el que habían implicados precisamente funcionarios de Recursos Humanos, entre ellos uno señalado en el informe de los Bomberos por la entonces directora de esa área, Dulfa Magaly Arellano, como que había quedado encargado de la oficina pues ella se encontraba de permiso.

A principios de 2009, la Fiscalía imputó a un funcionario por los delitos de fraude informático continuado y peculado doloso impropio continuado en la modalidad de apropiación, previstos y sancionados en la Ley Especial contra Delitos Informáticos, el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción, respectivamente.

Como el funcionario habría modificado los .txt de la nómina de empleados de la referida institución, para desviar parte de los depósitos asignados a cada una de las cuentas, y luego cargarlos a su cuenta personal.

De acuerdo a la Fiscalía estos hechos ocurrieron durante los años 2005 y 2008, y una vez evaluados las pruebas, el Tribunal 8° en funciones de Control de Táchira acordó una condena de tres años de reclusión en el Cuartel de Prisiones de Politáchira, además de establecer una medida cautelar para la retención preventiva de “todos los beneficios dinerarios” que podrían corresponderle. Esto con el fin de que cancelara198 mil bolívares fuertes que sería la cantidad que el funcionario sustrajo según las experticias contables que pudieron realizar –pese a los archivos perdidos en el incendio--, además del reintegro de lo apropiado, debía cancelar los intereses sobre ese monto, con una rata de un 12% de interés anual, quedando inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un lapso de cinco años.

Sin embargo, como lo reitera el bombero Jorge Ramírez, “nadie ha pagado por lo que sucedió”. “En un programa de radio un personaje de la política me llamó a decirme que tanto que defendía a los bomberos y que no habíamos cumplido con el deber de decir quién fue que le metió candela al Centro Cívico, pero la labor de los bomberos es determinar dónde empieza y qué lo causó, no quién lo hizo, eso ya es competencia de las autoridades policiales. Lo nuestro es la investigación de causas y ubicación. Especulaciones hubo muchas, incluso se dijo que también había un guiso en uno de los bancos del Estado que tenían oficina en esa torre, y que personeros políticos que hoy siguen en la palestra pública estaban involucrados, pero nosotros no podemos decir si fueron los blancos, los negros, o los colorados”.