lunes, 3 de diciembre de 2012

El Centro Civico (III)


Daños totales, muchas hipótesis

Las labores de investigación iniciaron al día siguiente del incendio, a partir de las 7 a.m. Antes y durante las investigaciones, el edificio se mantuvo resguardado por un bombero de servicio –se establecieron cuatro turnos para la rotación de funcionarios- junto a efectivos de la Policía y la Guardia Nacional.

Daños totales, muchas hipótesis

Las labores de investigación iniciaron al día siguiente del incendio, a partir de las 7 a.m. Antes y durante las investigaciones, el edificio se mantuvo resguardado por un bombero de servicio –se establecieron cuatro turnos para la rotación de funcionarios- junto a efectivos de la Policía y la Guardia Nacional.
El Sargento Ayudante (B) Oscar Alexander Morillo, quien era jefe de Investigaciones y Siniestros del Cuerpo de Bomberos para el momento del incidente, señaló que las experticias se llevaron a cabo de acuerdo a la Guía para la investigación de incendios y explosiones de las normas Covenin (3507-99).
Aunque el CICPC prestó apoyo técnico para las pruebas de experticia, de la mano del entonces jefe de Criminalística, Manuel Chacón; el Cuerpo de Bomberos fue el organismo encargado de buscar las pruebas, analizarlas y valorar las evidencias, entregando un informe preliminar ocho días después del incendio, y el definitivo, en otros 20 días, luego de procesar más de 120 entrevistas a personas que se relacionaban con el área implicada.
No obstante, las investigaciones por parte de la Fiscalía del Ministerio Público se abrieron el mismo día del incendio, con el reporte de actuación inicial entregado por el cuerpo de Bomberos, que daban cuenta de daños totales de las oficinas administrativas del Consejo Legislativo, Contraloría del estado Táchira, Banco de la Mujer, Banco del Pueblo y Banco del Tesoro.

Fiscalía sin imputados conocidos

Inicialmente, las investigaciones se encontraban a cargo de la Fiscalía Nº 47 con competencia nacional, bajo el Nº de causa 147 del 2006; sin embargo, por instrucciones nacionales, en fecha 07 de marzo de 2008, la Fiscalía 47 lo remite a la Fiscalía Nº 5 con competencia regional, la cual le asigna el número de causa 382 del 2008.
Allí reposan actualmente las actuaciones bajo reserva legal, pero sin que se haya dado un acto conclusivo pues los imputados o responsables hasta ahora son desconocidos.

En Recursos Humanos del CLE

El punto de ignición tal y como lo contempla el informe de los bomberos fue la oficina de Recursos Humanos del Consejo Legislativo Estadal en el piso 1.
--Ubicamos en el piso número 1, en las oficinas de la Asamblea Legislativa, el punto de ignición del fuego y qué fue lo que lo generó. Posteriormente se realizaron revisiones en toda la estructura, planta 1, y del piso 1 al piso 6 para verificar los posibles daños y que generó el incendio, pero solo ubicamos un artefacto que fue el productor del incendio--, afirmó Morillo, quien destacó que aunque el incendio se generó en el piso 1, la propagación del calor hizo que el fuego bajara a planta uno también, lo cual no es muy común.
Morillo incluso recibió amenazas y presiones, como diciéndole que tuviera cuidado con lo que iba a decir. De hecho el Sargento Segundo (B) Jorge Ramírez, quien realizó la reseña fotográfica de las investigaciones, señaló que aunque efectivamente hubo presiones, eso los impulsó más a cumplir con su trabajo. “Dijimos ahora con más ganas vamos a hacerlo, porque se pone más interesante”, afirmó.
Después de las pruebas correspondientes y con el artefacto encontrado en el sitio, el informe resalta que contenía un acelerante derivado de un hidrocarburo (no se puede definir si es gasolina, gasoil, thinner, etc.)
--Las causas fueron netamente de manipulación humana. Los daños fueron totales a nivel de mobiliario, de papelería, de documentos legales y administrativos porque sufrieron los archivos principales de la Contraloría del estado y el Consejo Legislativo, de los bancos de la Mujer, del Tesoro y del Pueblo, y de las oficinas administrativas de los entes gubernamentales que estaban allí--.

Buscamos una segunda opinión

Pese que el informe de los bomberos entregado a las partes interesadas, entre ellas el Consejo Legislativo, especifica que el incendio fue intencional, el entonces presidente del CLE, el exdiputado Pablo Tapias, asegura que en un principio los Bomberos de San Cristóbal manejaban la tesis de que el incendio había sido accidental, producto de un corto circuito.
--A nosotros nos resultó muy sospechoso ese incendio, precisamente porque ya en la Contraloría se había dado otro incendio de mediana magnitud en mayo de 2004, y justo esos días se hablaban de investigaciones que inculpaban a los representantes del poder ejecutivo municipal para el momento. Por eso cuando nos dijeron que al parecer era accidental, quisimos tener una segunda opinión y recurrimos a través de Protección Civil, a ubicar unos expertos de Caracas, quienes fueron los que realmente nos aseguraron que hubo intencionalidad en el mismo--, señaló Tapias.
Los Bomberos de San Cristóbal resaltaron que efectivamente el coronel (Ejer.) Berardo Torres, jefe de Protección Civil Táchira para el momento, convocó a un grupo de efectivos que dijeron pertenecer al Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital pero no portaban dicho uniforme ni presentaron credenciales.
Aseguran que con esta iniciativa, el Cuerpo Legislativo y PC-Táchira violaron los artículos 5 y 37 de la Ley Nacional de Bomberos, la cual establece las competencias de los cuerpos regionales para este tipo de actuaciones y que para participar en una investigación de otra circunscripción debe haber de por medio una solicitud de colaboración expresa por parte del comandante de la unidad que realiza las labores de experticia.
En este caso, el comandante del Cuerpo de Bomberos para el momento, Alfonso Briceño, en ningún momento les solicitó la colaboración y ni siquiera solicitaron permiso para involucrarse sino que la Fiscalía Superior en el estado Táchira ordenó que ellos debían estar presentes y realizar sus propias experticias.
El bombero Jorge Ramírez comenta desde su perspectiva: “el mismo día del incendio, al final de la tarde, con el sargento Morillo nos pusimos a analizar las fotos que había tomado y nos damos cuenta de un detalle y decidimos ir de nuevo para el Centro Cívico a confirmarlo. Allí nos encontramos con una comisión que dijeron ser de los bomberos de Caracas. No supimos ni que estaban allí sino porque nos tocó ir, porque nunca tuvieron una comunicación con la comandancia de San Cristóbal, que por ser un incendio de la ciudad eran los autorizados para actuar. Nosotros les dijimos que no podían intervenir en la investigación y nos opusimos a que entraran, pero dijeron que eran órdenes superiores de Caracas, y llegó el fiscal y dijo ‘esto es una orden, tienen autorización los de Protección Civil’. Nosotros de todas maneras levantamos un acta para hacer constar que nos opusimos y de hecho quedó reflejado en el informe, porque no sabíamos con qué intenciones estaban allí, puede que vinieran de de buena fe, pero también pueden que fueran a alterar el sitio, colocar o quitar pruebas, uno siempre tiene la malicia y la sospecha”.
El comandante actual del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Cnel. (B) Giovanny Moreno, asegura que nunca recibieron copia de la actuación de esos bomberos de Distrito Capital, aunque el exdiputado Pablo Tapias dijo que efectivamente hubo un informe por parte de ellos, sin embargo, en Consultoría Jurídica del Consejo Legislativo no reposa copia del mismo, sino solo del entregado por los bomberos de la capital tachirense.

Varias hipótesis

Como lo comentó el exdiputado Pablo Tapias, una de las hipótesis de los presuntos responsables giró en torno a personeros de la municipalidad para el momento sobre los cuales pesaban investigaciones en la Contraloría del estado Táchira.
De hecho en la entrevista realizada por los Bomberos, que consta en el informe respectivo, la contralora del estado Táchira, Omaira Elena De León Osorio, luego de contestar una serie de preguntas de rutina para descartar cualquier elemento que generara el incendio de manera accidental destacó:
--- Dentro de las actividades normales de la Contraloría se estaba investigando personeros del gobierno municipal y precisamente el día jueves (dos días antes del incendio), se firmó un auto de proceder para funcionarios del Concejo Municipal (Alcaldía), información que manifiesto con la única intención de colaborar al máximo con la investigación--, resaltó la contralora.
Asimismo, Tapias destacó que tiempo después, se manejó una segunda hipótesis, cuando se destapó el acto de corrupción de la nómina paralela del Consejo Legislativo en el que habían implicados precisamente funcionarios de Recursos Humanos, entre ellos uno señalado en el informe de los Bomberos por la entonces directora de esa área, Dulfa Magaly Arellano, como que había quedado encargado de la oficina pues ella se encontraba de permiso.

A principios de 2009, la Fiscalía imputó a un funcionario por los delitos de fraude informático continuado y peculado doloso impropio continuado en la modalidad de apropiación, previstos y sancionados en la Ley Especial contra Delitos Informáticos, el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción, respectivamente.
Como el funcionario habría modificado los .txt de la nómina de empleados de la referida institución, para desviar parte de los depósitos asignados a cada una de las cuentas, y luego cargarlos a su cuenta personal.
De acuerdo a la Fiscalía estos hechos ocurrieron durante los años 2005 y 2008, y una vez evaluados las pruebas, el Tribunal 8° en funciones de Control de Táchira acordó una condena de tres años de reclusión en el Cuartel de Prisiones de Politáchira, además de establecer una medida cautelar para la retención preventiva de “todos los beneficios dinerarios” que podrían corresponderle. Esto con el fin de que cancelara198 mil bolívares fuertes que sería la cantidad que el funcionario sustrajo según las experticias contables que pudieron realizar –pese a los archivos perdidos en el incendio--, además del reintegro de lo apropiado, debía cancelar los intereses sobre ese monto, con una rata de un 12% de interés anual, quedando inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un lapso de cinco años.
Sin embargo, como lo reitera el bombero Jorge Ramírez, “nadie ha pagado por lo que sucedió”. “En un programa de radio un personaje de la política me llamó a decirme que tanto que defendía a los bomberos y que no habíamos cumplido con el deber de decir quién fue que le metió candela al Centro Cívico, pero la labor de los bomberos es determinar dónde empieza y qué lo causó, no quién lo hizo, eso ya es competencia de las autoridades policiales. Lo nuestro es la investigación de causas y ubicación. Especulaciones hubo muchas, incluso se dijo que también había un guiso en uno de los bancos del Estado que tenían oficina en esa torre, y que personeros políticos que hoy siguen en la palestra pública estaban involucrados, pero nosotros no podemos decir si fueron los blancos, los negros, o los colorados”.





Cortesia Sargento Segundo (B) Jorge Ramírez

Cortesia Sargento Segundo (B) Jorge Ramírez


Dra. Omaira De León, Contralora del Estado Táchira

Exdiputado Pablo Tapias

Cortesia Sargento Segundo (B) Jorge Ramírez

Cortesia Sargento Segundo (B) Jorge Ramírez

Informe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Nº 263 de Fecha 28/12/2006

Informe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Nº 263 de Fecha 28/12/2006

Informe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Nº 263 de Fecha 28/12/2006

Informe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Nº 263 de Fecha 28/12/2006
  

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